Una movilización transversal exige frenar el vertido de aguas con metales pesados al estuario, mientras la adjudicación de Aznalcóllar sigue en los tribunales.
Miles de personas se manifestaron el sábado 17 de octubre en Sevilla para exigir la paralización de los vertidos mineros previstos en el Guadalquivir y pedir a la Junta de Andalucía que revoque las autorizaciones concedidas a Aznalcóllar y Cobre Las Cruces.
Prometheus News estuvo en la calle: la marcha arrancó a las 12:00 desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, el mismo edificio donde se firman las autorizaciones que se cuestionan. La cabecera la encabezó una pancarta con el lema «No a los vertidos mineros», y desde allí el río marcó el paso: el recorrido discurrió junto al Guadalquivir hasta el final, en las Setas de la Encarnación.
Al llegar a las Setas, los representantes de las entidades leyeron un manifiesto conjunto con dos reclamaciones principales a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según Greenpeace, el texto advierte del riesgo de convertir el río en una «cloaca de residuos tóxicos» mediante vertidos de más de 115.000 millones de litros de aguas con metales pesados
Qué se pretende verter
El proyecto de reapertura de Aznalcóllar prevé, según los convocantes, una tubería de 30 kilómetros que vertería en el estuario, cerca del Estadio de la Cartuja, más de 85.500 millones de litros de agua contaminada durante 18 años. Los colectivos cifran el conjunto en más de 115.000 millones de litros con metales pesados.
Según los convocantes, investigaciones de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada han identificado bioacumulación de metales pesados en organismos del Guadalquivir. Otro estudio detecta niveles de «récord mundial» de metales tóxicos en peces del Guadalquivir junto a un vertido minero.
Los colectivos piden una moratoria, la denegación de la concesión de aguas a Minera Los Frailes y una comisión científica independiente. Denuncian además que la Junta ha impedido que el Consejo de Participación de Doñana se pronuncie sobre el impacto del proyecto, un trámite que consideran preceptivo. La Junta, por su parte, defiende las garantías ambientales de ambos proyectos.
Una adjudicación cuestionada
El conflicto arranca en el concurso de 2015. Emerita denunció prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis. La jueza instructora llegó a apreciar «graves irregularidades». El proceso penal acabó, sin embargo, en absolución: la sentencia fue absolutoria para los 16 acusados.
El asunto no está cerrado. El TSJA ha reabierto el recurso contencioso-administrativo de Emerita para determinar si la adjudicación de 2015 se ajustó a derecho. Quien firmó la aceptación de los derechos fue Minera Los Frailes, participada en un 97,4% por Grupo México.
Unos antecedentes que pesan
El 25 de abril de 1998 se rompió la balsa de Los Frailes y liberó entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de lodos ácidos con metales pesados, que recorrieron unos 40 kilómetros por el Agrio y el Guadiamar. Grupo México arrastra además un historial en su país: la explosión de Pasta de Conchos en 2006, con 65 mineros muertos, y el derrame de 2014 en el río Sonora, considerado el peor desastre ambiental de la minería mexicana. Cobre Las Cruces pertenece a otra empresa.
Prometheus News seguirá informando de los recursos judiciales, de la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de las movilizaciones que vengan.
