Una movilización transversal exige frenar el vertido de aguas con metales pesados al estuario, mientras la adjudicación de Aznalcóllar sigue en los tribunales.
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Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
Europa sancionará a España por la falta de transposición de la Directiva Europea EU 1937/2019, relativa a la protección de personas que informen infracciones...
La comisión de "expertos" conformada por el ex Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, dejó sin representación a las víctimas de la corrupción...
El Gobierno de España no hace lo suficiente para proteger a los alertadores de corrupción. "No hay una voluntad real para combatir la corrupción, el fraude y proteger a las personas que activan las primeras alarmas", señala Roberto Macías.
Estaremos muy atentxs a las actuaciones por parte de la Fiscalía, no vamos ni debemos tolerar la inacción o dejadez por parte de quienes están para ejercer justicia y que hasta ahora han mirado hacia otro lado, poniéndose claramente del lado de las personas responsables de las muertes y en frente de las víctimas
Jaime González, funcionario de la Junta de Andalucía, desató un terremoto político en la Consejería de Medio Ambiente al denunciar al poderoso "Cartel del Fuego". Hoy es un referente de la lucha contra el fraude y gira su mirada hacia las criptomonedas.
Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.
