Robert Martínez y María José Alarcón, reconocidos integrantes de la Organización por BBS Serveis, son víctimas de una medida arbitraria que amenaza su estabilidad...
La 'persona protegida' del Ayuntamiento de Mataró queda desamparada ante la desidia de la OAC en la aplicación de la ley
AEDICO expresa su preocupación...
La ciudadanía se une para denunciar la negligencia del Ayuntamiento de Sevilla en materia de Memoria Histórica y exigir el cumplimiento de las leyes...
En una destacada muestra de valentía y dedicación en la lucha contra la corrupción, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la...
La multinacional española paralizada: La huelga masiva refleja el rechazo generalizado a las políticas laborales de Ayesa.
Hoy, las oficinas centrales de Ayesa en Sevilla, se...
El caso de Montoya, sirve para ilustrar las represalias que pueden llegar a sufrir los activistas sociales, cuando aportan su crítica pública sobre la actuación de miembros del poder judicial.
Según la asociación, la disposición actual ha resultado en el archivo prematuro de numerosas investigaciones judiciales, dejando impunes casos de corrupción que deberían haber sido llevados a juicio.
Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.
