Una movilización transversal exige frenar el vertido de aguas con metales pesados al estuario, mientras la adjudicación de Aznalcóllar sigue en los tribunales.
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Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
La Asociación Alianza Contra la Corrupción lanza una serie de podcasts impactantes que se adentran sin tapujos en los casos más recientes y relevantes...
La noticia del asesinato de Iván Morales Corrales, un exintegrante de la Policía Federal que sobrevivió a un brutal atentado del Cártel Jalisco Nueva...
Desde la Asociación ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN, formada por activistas comprometidos con la regeneración democrática en España, manifestamos nuestro firme apoyo al político Miguel...
El reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, ha encendido las alarmas sobre la creciente corrupción en España....
Desde la Alianza Contra la Corrupción, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a Roberto Macías, tanto en nombre de nuestra asociación como en representación...
La justicia, como garante del Estado de derecho, debe ser independiente e imparcial. Sin embargo, en España, ciertos casos de alto perfil han puesto...
Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.