Moviment Residencies Catalunya, responden a la Fiscalía General del Estado: «No vamos ni debemos tolerar la inacción o dejadez por parte de quienes están para ejercer justicia y que hasta hora han mirado hacia otro lado».

Ayúdanos a difundir nuestra información

La Fiscalía llega tarde a pedir información por las muertes en residencias de Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha.

Activistas y asociaciones de víctimas no se fían y exigen investigaciones y que se depuren responsabilidades tanto a nivel político, como en los mismos centros, empresas gestoras y patronales, que insultan a las verdaderas víctimas y sus familias.

La Fiscalía General del Estado llega tarde a pedir información sobre los procedimientos abiertos en relación con los fallecimientos en las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, a cuyas fiscalías ha dado un plazo de 30 días para remitir los datos.

En los escritos remitidos se pone de manifiesto que de la información recopilada de las fiscalías de las comunidades autónomas se extrae que entre 2020 y 2021 el Ministerio Fiscal incoó 1.040 procesales civiles y 517 diligencias de investigación en toda España.

Pero las asociaciones de víctimas que llevan meses sufriendo la indiferencia de las Fiscalías, se muestran cautas y advierten:

Estaremos muy atentxs a las actuaciones por parte de la Fiscalía, no vamos ni debemos tolerar la inacción o dejadez por parte de quienes están para ejercer justicia y que hasta ahora han mirado hacia otro lado, poniéndose claramente del lado de las personas responsables de las muertes y en frente de las víctimas

A través de un comunicado emitido el día de hoy, valoran la respuesta de la Fiscalía General del Estado, mostrando su indignación con la indiferencia con la que los responsables de Administrar Justicia, han tratado el caso de las residencias de mayores:

Exigimos de forma urgente, investigaciones profundas y que se depuren responsabilidades tanto a nivel político, como en los mismos centros, empresas gestoras y patronales, que insultan a las verdaderas víctimas y a sus familias, sirviéndose de los medios de comunicación que les dan cobertura, definiéndose como víctimas. No podemos olvidar que hay más de 30000 personas fallecidas y no hay ni una sola persona detenida o en prisión. Cuando es una realidad que muchas de las muertes se produjeron por dejadez y negligencias muy graves.

De otra parte, el 17 de diciembre de 2021 cumplió el plazo para implantar la ley de protección a denunciantes (de obligado cumplimiento), ley que no se ha aplicado desde el Estado Español, la misma, que bien aplicada protegería a las trabajadoras del sector de la dependencia que quieren denunciar, pero no se atreven porque denunciar supondría un acoso sin precedentes. Si el personal de los centros pudiera denunciar con una protección real, ayudaría mucho a que la verdad saliera a la luz.

En su comunicado se dirigen a los partidos políticos catalanes para pedirles decencia y que asuman su responsabilidad y dejen de practicar la estrategia del avestruz.

Una vez más, recordamos la vergonzosa actuación de JuntsXCat, de ERC y de PSC en el Parlament, respecto a la comisión de investigación de residencias, votando en contra, cómplices de la ocultación e impunidad, igual que PP y Vox en Madrid, posturas absolutamente lamentables y que deberían tener consecuencias y despertar la conciencia social por inhumanidad.

 

Sus nombres: https://www.infolibre.es/opinion/desalmados_1_1212626.html

Denunciamos una vez más, la mercantilización de los servicios públicos en dependencia, (Residencias, SAD…) que sirven para que empresas sin escrúpulos se lucren a costa de explotar a trabajadoras vulnerables y no atender en condiciones dignas a las personas dependientes, algo que es totalmente intolerable. En algunos casos, tras estas empresas, hay corruptelas sin límites que actúan con total impunidad (como en caso de La “Organización Criminal” BB Serveis) o como empresas con sedes en paraísos fiscales, a las cuales hay que inhabilitar de forma urgente y expulsar de nuestros servicios públicos ante sus conductas intolerables e inhumanas.

Exigimos de nuevo, la destitución del Conseller de Salut Josep Maria Argimon ante su evidente incompetencia, también de Alba Verges o Chakir El Homrani que fueron responsables de Salut y Afers Socials en las primeras oleadas de la pandemia, estuvieron al mando tomando decisiones muy equivocadas con consecuencias devastadoras y actualmente siguen ocupando cargos públicos que pagamos los ciudadanos de a pie; no se puede consentir que estas personas sin conciencia sigan ocupando cargos de responsabilidad. Las víctimas merecen y necesitan que estas personas sean juzgadas de forma urgente.

El posicionamiento público de la organización.

Ayúdanos a seguir informando de forma libre, honesta y transparente.