Una movilización transversal exige frenar el vertido de aguas con metales pesados al estuario, mientras la adjudicación de Aznalcóllar sigue en los tribunales.
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Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
El 23F de 2016 la Guardia Civil detuvo a cinco personas acusadas de integrar una organización criminal que se enriqueció con dinero público destinado...
El infatigable activista, escritor y pensador Antolín Pulido, a través de su asociación, piden al empresario José Manuel Entrecanales, cesen las represalias contra su ex trabajadora Rocío García, que padece un agresivo cáncer.
Una fotografía revelada por el diario "The objective" revela la juerga del Juez Pedraz, responsable de su liberación, con el funcionario mexicano Guillermo Vals,...
La Asociación de denunciantes, lamenta la oportunidad perdida por parte del TJUE, para tener una visión independiente, justa y formada sobre los graves perjuicios que conllevó la tardía, defectuosa y torpe transposición de la Directiva 1937/2019 en el reino de España.
La asociación compuesta por activistas y denunciantes de corrupción en España, lanza un llamado a los parlamentarios alemanes para trasladarle las irregularidades y denuncias...
Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.
