Jornadas financiadas por medios de comunicación y expediciones al extranjero organizadas por exjueces abren de nuevo el debate sobre los límites de las retribuciones a magistrados en activo y el vacío normativo del Poder Judicial.
«1.000 euros por 15 minutos». Con esa síntesis el periodista Javier Ruiz la oferta lanzada por OkDiario a destacados miembros de la judicatura española para participar en unas jornadas sobre la carrera judicial celebradas en Marbella. La revelación, emitida en el programa La última hora de la cadena La Séptima, expone la oferta del diario dirigido por Eduardo Inda: vuelos de ida y vuelta en primera clase, alojamiento en hoteles de lujo y una retribución económica de 1.000 euros por una ponencia de un cuarto de hora en una mesa redonda de 45 minutos.
El asunto plantea lo que Ruiz calificó en plató de «un endemoniado conflicto moral» e incluso un posible problema legal. La controversia estriba en que entre los invitados figuran magistrados, fiscales y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han debido resolver, o tienen pendiente hacerlo, sobre causas judiciales que afectan directamente al propio medio de comunicación o a sus redactores.
«Si yo tengo un conflicto con OkDiario y me siento delante de un juez, no sé si OkDiario le ha pagado a ese juez. No puedo saber si está cobrando de la contraparte», argumentó el periodista durante la emisión.
Las declaraciones de la magistrada Victoria Rosell: «Lo que no está prohibido, está permitido»
Consultada en el propio espacio televisivo sobre la legalidad de estas prácticas y sobre si un medio puede remunerar a jueces que posteriormente dirimen sobre sus asuntos, la magistrada Victoria Rosell analizó el marco normativo actual de la carrera judicial:
Javier Ruiz: Magistrada Victoria Rosell, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas noches.
Victoria Rosell: Muy buenas noches. Bienvenida a La Séptima, magistrada.
Javier Ruiz: Permítame preguntarle esto: ¿esto es legal? ¿Esto es pagarles a los jueces que luego pueden resolver sobre ti, esto es legal?
Victoria Rosell: Pues no hay ninguna norma que lo prohíba, por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido. Tenemos en la carrera judicial un estatuto bastante restrictivo en incompatibilidades y prohibiciones, pero esto, pese a que evidentemente no parece muy adecuado a la ética y sobre todo a la imparcialidad, no está expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni constituye falta disciplinaria. Nosotros tenemos un comité de ética que en realidad realiza recomendaciones que no son vinculantes y que no son a nivel disciplinario. Y además no hay ninguna norma, a diferencia del Congreso o el Senado o de otros cargos públicos, que nos obligue a realizar ningún tipo de declaración de bienes ni, por tanto, de intereses.
Que esto creo que efectivamente, como estás planteando, a la ciudadanía, a la otra parte procesal, porque evidentemente OK Diario o Entra Más Aguas o en fin nos van a decir qué relación han tenido con ese miembro de la carrera judicial que está conociendo de su asunto concreto y que evidentemente puede estar afectada su imparcialidad, que la otra parte pudiera al menos alegarlo e incluso que fuera de conocimiento ciudadano. Es verdad que no hay ninguna norma ni que nos obligue a hacer declaración de bienes e intereses ni que nos prohíba este tipo de participaciones.
Los nombres sobre la mesa y los antecedentes en el tribunal
Entre los nombres citados en la información emitida por La Séptima como ponentes o invitados a la presente edición de las jornadas en Marbella se encuentran:
- David Maman: Juez de violencia de género que actualmente instruye la causa del ex-DAO. En 2022 archivó la querella presentada por Pablo Iglesias e Irene Montero contra el redactor de OkDiario Alejandro Entrambasaguas por presunto acoso a su familia.
- Eloy Velasco: Magistrado de la Audiencia Nacional.
- María Tardón: Magistrada de la Audiencia Nacional encargada de la instrucción sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta (quien, según fuentes de la cadena, sopesaba su asistencia).
- Celso Rodríguez Padrón: Expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y actual magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
- Wenceslao Olea: Magistrado del Tribunal Supremo.
- Javier Gómez Bermúdez: Exjuez de la Audiencia Nacional en excedencia y actual abogado defensor en causas de repercusión mediática.
- Rafael Catalá: Exministro de Justicia.
El programa recordó asimismo el precedente de la edición anterior, en cuya lista de invitados figuraba el juez Juan Carlos Peinado. Peinado instruía en ese momento una causa por presunto sobreprecio en unas jornadas impartidas por OkDiario, incoada a raíz de una denuncia de Podemos. Tras transcurrir el plazo de instrucción, el magistrado solicitó la prórroga dos meses fuera de tiempo. La Audiencia Provincial declaró extemporáneas las diligencias practicadas en ese intervalo y la causa quedó consecuentemente archivada.
De Nueva York a México: el historial de las actividades privadas de la judicatura
El debate reabierto por el caso OkDiario engarza con una sucesión de precedentes en la historia reciente de la justicia española donde las actividades académicas, viajes o ponencias retribuidas por entes privados han rozado el conflicto de intereses:
- El ‘caso Banco Santander’ y la Universidad de Nueva York: A mediados de la década de 2000, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón disfrutó de una licencia académica para impartir cursos en la Universidad de Nueva York, financiados en parte por el Banco Santander. Tras su reincorporación al juzgado, Garzón archivó una querella contra el presidente de la entidad, Emilio Botín. Aunque la querella posterior por cohecho contra el juez fue archivada por prescripción, la causa dio lugar a un intenso debate dogmático sobre los patrocinios empresariales a miembros de la judicatura.
- El ‘caso Humberto Moreira’ y los simposios en México: En enero de 2016, el expresidente del PRI mexicano y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas investigado por blanqueo de capitales y organización criminal. Tras su arresto, Moreira contrató los servicios del despacho privado de Baltasar Garzón. Años antes, Garzón había organizado diversos simposios y viajes a México en los que habían participado magistrados y fiscales españoles, entre ellos el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Cuando la causa recayó en el juzgado de Pedraz, este decretó en el plazo de una semana la puesta en libertad sin fianza de Moreira y el archivo provisional de las actuaciones al no apreciar indicios constitutivos de delito en España.
Un vacío regulatorio en el centro del debate
En la actualidad, el marco aplicable presenta asimetrías según el órgano judicial. Mientras que una decisión del Tribunal Supremo de 2003 restringió la participación de sus magistrados en conferencias de esta naturaleza, los miembros de la Audiencia Nacional, juzgados ordinarios y Fiscalía se rigen por la Ley de Incompatibilidades. Dicha norma autoriza la participación en actividades formativas o docentes, pero excluye la colaboración remunerada con empresas privadas.
No obstante, como puso de relieve la magistrada Rosell, la inexistencia de una obligación de registro público de intereses y la naturaleza no vinculante de los dictámenes del Comité de Ética Judicial dejan en manos del propio criterio de cada magistrado la decisión de abstenerse o aceptar este tipo de retribuciones.
