La jubilación del magistrado Juan Carlos Peinado tras alcanzar el límite legal de los 72 años pone fin a su etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Sin embargo, su retiro está lejos de cerrar la marejada política y judicial provocada por la investigación a Begoña Gómez. El expediente que deja sobre la mesa es el retrato de una instrucción atípica, salpicada por constantes rectificaciones de los tribunales superiores, imputaciones revocadas y un agrio debate sobre los límites de la actuación judicial frente al poder político.
El balance procesal: un reguero de reveses en las instancias superiores
Si algo ha marcado el recorrido del ‘caso Begoña Gómez’ ha sido la fiscalización constante de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Supremo sobre las resoluciones del instructor. Las iniciativas más contundentes de Peinado cayeron de forma paulatina al ser revisadas por los órganos colegiados, dejando al descubierto importantes grietas de fundamentación jurídica.
Las decisiones corregidas por los tribunales
- Freno al jurado popular: La Sección 23ª de la Audiencia Provincial cortó el intento de tramitar la causa mediante un tribunal del jurado, señalando la falta de motivación y la ausencia de indicios racionales de criminalidad que justificaran ese procedimiento.
- Prohibición de fragmentar la causa: La pretensión de abrir piezas separadas —como la referida a la acusación de malversación sobre la asesora de Moncloa— fue tildada por la Audiencia de «prematura e inmotivada», recordando que los hechos investigados mantenían una conexión inseparables.
- Exclusión de Air Europa: Los jueces volvieron a marcar la pauta al dejar fuera del objeto del proceso las pesquisas sobre el rescate de la aerolínea, recordando que desbordaban las competencias atribuidas al juzgado.
- Vuelco en las imputaciones: La Audiencia anuló la condición de investigados para el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño Juan José Güemes. Asimismo, se reprochó con dureza el cambio del empresario Juan Carlos Barrabés de testigo a investigado sin las suficientes garantías procesales.
- El veto del Tribunal Supremo: El hito de mayor calado se produjo cuando la Sala de lo Penal del Supremo rechazó la exposición razonada para imputar al ministro Félix Bolaños, concluyendo categóricamente que no existía «el más mínimo respaldo indiciario» de delito.
- La sombra de sospecha sobre los escoltas de Begoña Gómez, a los que acusó de colaborar en una hipotética fuga.
Incluso en los días previos a su jubilación, la Fiscalía Provincial de Madrid tildó de «precipitada e inusual» la citación de la audiencia previa con solo 24 horas de margen. Para un amplio sector doctrinal, el caso se convirtió en el paradigma de una «instrucción prospectiva», donde se busca el delito a partir de una causa abierta sin contornos delimitados.
La factura del lawfare y la inercia de la clase política
El impacto de estas dinámicas sobre la vida pública es devastador. La apertura de causas penales respaldadas por denuncias iniciales endebles pero amplificadas por el ruido mediático somete a las instituciones a un desgaste reputacional inmediato. Aunque las resoluciones absolutorias o los archivos lleguen años después, el daño político y personal resulta casi siempre irreparable.
A pesar de este diagnóstico, la respuesta de los principales partidos se ha caracterizado por la parálisis legislativa. Una reacción paupérrima del Gobierno de España, que ha permitido la campaña de linchamiento mediático contra el entorno del presidente Sánchez.
Riesgos para la arquitectura constitucional
El análisis de expertos penalistas advierte de que la confluencia entre la politización de la justicia (injerencia política en los tribunales) y la judicialización de la política (uso del proceso penal como herramienta de desgaste electoral) termina degenerando en lawfare. Cuando esta práctica se consolida desde la propia judicatura, las garantías constitucionales sufren un deterioro severo en tres frentes:
- Quiebra de la división de poderes: La judicatura asume funciones de contrapeso o desgaste político sobre el Ejecutivo y el Legislativo, alterando el principio de soberanía popular.
- Desconfianza en la neutralidad judicial: La percepción ciudadana de que el signo de una resolución depende del perfil ideológico del instructor erosiona la fe pública en la administración de justicia.
- Riesgo de arbitrariedad: Priorizar interpretaciones forzadas sobre la aplicación objetiva de la ley acerca la función jurisdiccional al terreno de la prevaricación o el sesgo ideológico.
Las reformas que el sistema sigue esquivando
La marcha de un juez no resuelve el problema de fondo. Diversos sectores del ámbito jurídico coinciden en que, para evitar que los juzgados de instrucción se conviertan de forma recurrente en escenarios de confrontación política, es indispensable acometer reformas estructurales:
- Acotar la acusación popular: Establecer filtros procesales estrictos para impedir querellas instrumentalizadas con fines propagandísticos.
- Prohibir las investigaciones prospectivas: Garantizar que ningún ciudadano sea investigado sin una imputación delictiva concreta y delimitada desde el inicio.
- Transparencia en la carrera judicial: Priorizar de forma transparente el mérito y la capacidad en los nombramientos discrecionales de la magistratura.
- Participación ciudadana en el CGPJ.
Sin estas salvaguardas en el ordenamiento jurídico, la salida del juez Peinado no será más que un cambio de nombres en un sistema expuesto a que los tribunales continúen marcando los tiempos de la política.
