«La Alianza Contra la Corrupción considera inaceptable la falta de transposición de la Directiva (EU) 1937/2019«
El gobierno de Pedro Sanchez ha sido incapaz de transponer la Directiva Europea (EU) 1937/2019, relativa a la protección de las personas que informan infracciones al Derecho de la Unión. La Directiva contemplaba un plazo de dos años para armonizar de las normas y legislaciones nacionales con el objetivo de proteger a las personas que informan actos de corrupción -Whistleblowers-. Pero en el País de la sinvergonzonería y corrupción política, las autoridades no tienen interés en cumplir con lo dispuesto por el Parlamento Europeo y el Consejo.
«La lucha contra la corrupción, nunca ha sido una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez. La corrupción es un sistema que nutre y une a las élites políticas». Señala Roberto Macías, Vicepresidente de la Alianza Contra la Corrupción. Y es que como señala el activista, «nadie se explica que dos años después el anteproyecto de ley, siga esperando su tramitación en un cajón».
El incumplimiento del reino de España, puede ser objeto de una sanción económica como prevé el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sancionó a España por no transponer a tiempo una Directiva de Protección de Datos, por un lado a pagar una multa coercitiva diaria de 89.000 euros, para poner fin al incumplimiento y, por otro, se impuso el pago de 15 millones de euros como medida disuasoria para prevenir futuros incumplimientos.
Para Jaime Gonzalez, Presidente de la asociación, resulta «inaceptable que llegados a este día, sigan las personas alertadoras de corrupción en una situación de indefensión y vulnerabilidad«.
Su asociación impulso en el ámbito andaluz, la puesta en marcha de la Oficina Antifraude, con objeto de dotar de protección efectiva a las personas que denuncien actos de corrupción. El papel de la Alianza y sus activistas, ha sido relevantes para impulsar un cambio legislativo y evitar que los poderosos sigan criminalizando las revelaciones públicas.
Es por ello, que la Alianza Contra la Corrupción, reprueba al Gobierno de Sánchez. Por su manifiesta incapacidad de transponer una norma comunitaria indispensable para luchar contra la corrupción.
