La dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, no es solo la caída de un alto mando tras la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual, coacciones y otros delitos. Es la constatación más reciente —y más grave— de que el cuerpo encargado de proteger a la ciudadanía no es capaz de proteger a sus propios agentes cuando denuncian abusos internos.
La denuncia presentada por una subordinada no atravesó el canal interno; no porque no exista, sino porque —según se desprende de lo publicado— no ofrece garantías reales, ni imparcialidad, ni seguridad para quien señala a un superior jerárquico.
El caso ha expuesto sin ambigüedades un fallo estructural cuya existencia muchos dentro del cuerpo han denunciado durante años, pero que nunca había quedado tan crudamente retratado.
Un canal de denuncias que nace muerto: la agente rehúye el sistema interno
La querella, admitida por el juzgado de violencia sobre la mujer, describe presuntas presiones posteriores a los hechos, incluyendo llamadas y mensajes dirigidos a evitar que denunciara.
Este contexto explica por qué la agente decidió acudir directamente a los tribunales, evitando cualquier mecanismo interno. No se trata de una decisión menor: es un síntoma inequívoco de que, dentro de la Policía Nacional, denunciar puede ser más peligroso que callar.
El DAO presentó su dimisión tras la admisión judicial de la querella, alegando no querer dañar la imagen de la institución. Pero la herida institucional ya estaba abierta mucho antes: en el momento exacto en que una agente decidió que la propia Policía no era un espacio seguro para denunciar a un superior.
Presiones desde arriba: cuando la cúpula actúa como barrera, no como garantía
Según la información publicada, Interior apartó al comisario Óscar San Juan por presuntas coacciones a la denunciante, dirigidas a impedir que acudiera a la justicia y a proteger al DAO denunciado.
Que un mando de alto nivel tenga que ser apartado por este motivo refleja un grave problema de cultura organizativa: la protección corporativa supera a la protección de la víctima.
Este comportamiento, descrito en la querella y recogido por varios medios, sugiere la existencia de dinámicas internas diseñadas para disuadir, presionar o neutralizar denuncias que afecten a las altas esferas.
Es exactamente lo contrario de lo que se espera de un cuerpo cuya legitimidad se basa en la ley, la transparencia y el servicio público.
Un cuerpo que exige ejemplaridad a los agentes de base, pero no la garantiza en la cúspide
El sindicato Jupol exigió el cese inmediato del DAO tras conocerse la admisión de la querella, recordando que la ejemplaridad no puede ser “una exigencia exclusiva para los agentes de base” mientras se flexibiliza en los altos mandos.
Es un mensaje que, en este contexto, suena más a un diagnóstico que a una petición.
Cuando quienes deben encarnar la máxima rectitud se convierten en el epicentro de un escándalo que implica presiones, falta de control interno y desconfianza en los mecanismos de denuncia, la estructura institucional queda en evidencia.
El problema ya no es un caso individual, sino un sistema que falla donde más debería funcionar.
Si denunciar implica miedo, el sistema está roto
Que una agente de la Policía Nacional, con formación, experiencia y conocimiento del funcionamiento interno, decida que la única forma segura de denunciar es acudir directamente al juzgado, es una señal inequívoca de que el canal interno de denuncias no funciona.
No es una sospecha, ni una insinuación: es una conclusión derivada de hechos publicados, coacciones investigadas, apartamientos confirmados y una querella admitida en sede judicial.
Un canal de denuncias inservible no es un defecto administrativo. Es un riesgo institucional.
Porque cuando denunciar internamente puede implicar presiones, silenciamientos, estigmatización o represalias, el mensaje para cualquier agente es claro: quien levante la voz, puede pagar un precio.
Y cuando el miedo se convierte en parte del ecosistema organizativo, no se trata solo de una crisis puntual: es una amenaza directa a la integridad del cuerpo entero.
Conclusión: regenerar el canal interno o reconocer que no existe
La Policía Nacional no puede seguir operando con un sistema de denuncias que, según los hechos revelados, inhibe más de lo que protege.
El caso del DAO ha demostrado que la institución necesita una reforma profunda e inmediata en sus mecanismos de integridad interna:
- un canal absolutamente independiente;
- garantías frente a represalias;
- mecanismos blindados para proteger a la víctima;
- y un sistema que no permita que la cúpula interfiera.
Sin garantías reales, el canal de denuncias no es un mecanismo de protección: es un formulario vacío que nadie en su sano juicio utilizaría contra un superior jerárquico.
Si la Policía Nacional quiere recuperar credibilidad, debe empezar por garantizar que quien denuncie un abuso dentro del cuerpo tendrá más protección que miedo. Hoy, a la luz de los hechos, la realidad parece ser justo la contraria.
