Robert Martínez y María José Alarcón, reconocidos integrantes de la Organización por BBS Serveis, son víctimas de una medida arbitraria que amenaza su estabilidad económica, levantando sospechas de represalias tras exponer casos de corrupción en Cataluña.
En un giro desesperado, la familia de activistas denuncia no solo la pérdida abrupta del Ingreso Mínimo Vital, sino también la exasperante lentitud de la administración en abordar su caso. Alarcón, con una discapacidad del 65%, relata que la relación con la Seguridad Social es «una catástrofe», donde la única comunicación se da a través de un teléfono que rara vez responde.
La situación se agrava al constatar que la única ayuda percibida este mes fue «el complemento de la Renda Garantizada», evidenciando la vulnerabilidad de quienes dependen exclusivamente de estas prestaciones para subsistir. Alarcón asegura haber logrado comunicarse telefónicamente con la Seguridad Social, pero la respuesta se limita a cuestionamientos sobre herencias, empleo o ingresos adicionales sin explicación clara sobre la suspensión del vital respaldo económico.
«El problema está en que no lo comunican y además ahora todo son trabas», lamenta Alarcón, subrayando la injusticia de lidiar con una administración que, en lugar de proveer respuestas claras, se enreda en un laberinto telefónico. La lucha por sobrevivir se ve así ensombrecida por la burocracia, dejando al descubierto la urgente necesidad de reformas que agilicen la atención a quienes dependen de estas ayudas para subsistir.
El colectivo de activistas lanza una campaña en la plataforma Meneame para dar difusión y exigir la restitución de la prestación que venían disfrutando.
https://www.meneame.net/m/actualidad/denuncian-les-han-quitado-ingreso-minimo-vital-sin-notificarlo
