Así se desprende de la respuesta oficial del Servicio de Asuntos Parlamentarios de la Cámara a la denuncia de Alianza Contra la Corrupción, que señaló la actitud amenazante del diputado de Compromís.
La Alianza contra la Corrupción expresa su profunda preocupación y desacuerdo con la reciente decisión del Servicio de Asuntos Parlamentarios de las Cortes Valencianas de no investigar la denuncia presentada contra el diputado Baldoví. Esta denuncia, presentada el 21 de septiembre, se basó en un incidente ocurrido en el Parlamento Valenciano, donde Baldoví confrontó de manera inapropiada y violenta a la diputada Ana Vega durante una sesión parlamentaria.
Según se traslada de las palabras de Baldoví, y aunque las cámaras no lo captaron con nitidez, su intervención le habría hecho gracia a Vega. Entonces, Baldoví se levantó de su asiento de forma repentina y se encaró contra Vega haciendo aspavientos y con gesto de enfado.
«¿De qué te ríes? Está diciendo animaladas», le espetó el miembro del partido ahora integrado en Sumar, a lo que la política del partido liderado por Santiago Abascal le respondió: «Porque me da la gana, faltaba más». Más allá de las palabras, llama la atención la reacción intimidatoria de Baldoví, más aun tratándose de una mujer y cuando su formación hace del feminismo su bandera. Resulta paradójico, que los partidos conservadores, calificados por otras formaciones políticas como «machistas», no reprueben con contundencia la actitud machista de otro legislador.
Desde el parlamento autonómico, sin embargo, no llevarán a cabo ninguna represalia, según se desprende de la respuesta del Servicio de Asuntos Parlamentarios a la denuncia de Alianza Contra la Corrupción, a la que ha tenido acceso este periódico.
En la misma, firmada por el secretario primero de las Cortes Valencianas y diputado por el Partido Popular, Víctor Soler Beneyto, se alude a varias cuestiones, como el Plan de Igualdad de Género de Les Corts que, no obstante, «no resulta de aplicación» a los diputados.
También al Protocolo de actuación para la detección y la prevención contra el acoso en cualquiera de sus manifestaciones, que, asimismo, «no resultada de aplicación» a los parlamentarios.
En el escrito se señala a la Presidencia de la Cámara, a la Mesa o al Peno para aplicar la disciplina parlamentaria si fuese necesario y se recuerda que se pueden tomar medidas «ante el órgano rector de la Cámara, la jurisdicción ordinaria o el Tribunal Constitucional».
Consideramos que la conducta del diputado Baldoví podría ser interpretada como intimidación hacia la parlamentaria Ana Vega, y por lo tanto, merecía una investigación seria y justa. La Alianza contra la Corrupción aboga por la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de la política, independientemente de la afiliación política de los implicados. «Sin embargo, la decisión de las Cortes, nos deja un amargo sabor de boca al volver a contemplar un obsceno intercambio de cromos para garantizar su estatus. Un derecho de pernada que gozan los legisladores españoles para actuar con total impunidad» señalan desde la asociación.
A pesar de las solicitudes de la Alianza para la implementación de medidas específicas, como un análisis de política de prevención de riesgos laborales, la aplicación de un plan de igualdad, y la posibilidad de tomar medidas disciplinarias o derivar el caso a la fiscalía, las Cortes, han decidido cerrar abruptamente el expediente, generando más incertidumbre sobre la integridad del proceso.
La Alianza contra la Corrupción insta a que esta denuncia sea tratada con la seriedad que merece, independientemente de las variaciones en la composición política de las Cortes Valencianas. La impunidad no puede ser tolerada, y es responsabilidad de las instituciones garantizar la integridad y el cumplimiento de las leyes en todos los niveles.
Lamentando profundamente la falta de respuesta por parte de las autoridades, la Alianza contra la Corrupción reafirma su compromiso de seguir vigilante y denunciar cualquier conducta inapropiada en la esfera política. En un momento en el que la sociedad exige transparencia y justicia, es crucial que las instituciones cumplan su deber de salvaguardar los principios democráticos y el respeto por la ley.
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